• Leandro Merlo

DOCTRINA: RÉGIMEN LEGAL DE LAS COMPENSACIONES ECONÓMICAS



RÉGIMEN LEGAL DE LAS COMPENSACIONES ECONÓMICAS

Merlo, Leandro M.; Berbere Delgado, Jorge

Temas de Derecho de Familia, Sucesiones y Bioética

41 Noviembre 2016

JORGE C. BERBERE DELGADO(*) LEANDRO M. MERLO(**)

RÉGIMEN LEGAL DE LAS COMPENSACIONES ECONÓMICAS

I - ANTECEDENTES

Hace poco más de un lustro planteábamos la cuestión referida a la organización de los efectos patrimoniales en el matrimonio y los derivados de su ruptura, específicamente en relación a situaciones patrimoniales desventajosas para uno de los cónyuges al momento de liquidar los bienes habidos durante el matrimonio.

En tal sentido, señalábamos las sucesivas transformaciones socioeconómicas que por las que atravesó la organización familiar hasta llegar a un modelo social actual que responde, en principio, a un esquema de paridad legal que presupone, no solo igualdad conyugal en la vida diaria en torno de sus derechos y obligaciones sino, y además, en una mayor tendencia a querer decidir el tema patrimonial.

Tal circunstancia, entendíamos, debía estar enmarcada en un régimen primario de normas, capaces de compatibilizar la puesta en práctica de la autonomía en su variante de elección patrimonial, en consonancia a la protección de aquellos rasgos indeclinables con la estabilidad familiar, signados por el carácter de orden público inmanente en toda estructura familiar.(1)

En dicha oportunidad, el Código Civil de la Nación contemplaba un régimen único, imperativo, inderogable para los cónyuges según el cual, al momento de su disolución, los bienes gananciales se dividían por mitades (art. 1315, CC) y eventualmente existían créditos entre cónyuges o recompensas en virtud del movimiento patrimonial desarrollado durante el matrimonio (art. 1316 bis, CC). No existía posibilidad alguna de introducir la autonomía de la voluntad de los cónyuges en dicho marco imperativo ni de solicitar compensación alguna ante un desequilibrio económico resultante de la división de bienes.

Por ello, proponíamos, sintéticamente, la flexibilización del régimen de bienes a través de convenciones matrimoniales, rescatando la injerencia de la autonomía de la voluntad de los cónyuges a efectos de regular efectos patrimoniales del matrimonio. Ello mediante la incorporación de los regímenes de separación y de participación en los adquiridos, como opción a convenir previo a la celebración del matrimonio. Y como sistema legal supletorio a falta de convención prematrimonial, el llamado régimen de participación en los adquiridos. Entendíamos que debía permitirse la posibilidad de mutabilidad del régimen durante el matrimonio, a partir del quinto año de su celebración toda vez que no se afectaran intereses de terceros.

Además de la posibilidad de los cónyuges de pactar el régimen a que someterán las relaciones patrimoniales, indicábamos la necesidad de legislar un régimen primario o sustancial que regulara imperativamente determinados efectos patrimoniales, con el objeto de que tuvieran un marco de protección legal. Dentro del mismo proponíamos que debían incorporarse las “prestaciones compensatorias”, independientemente del régimen patrimonial impuesto por la ley o elegido eventualmente por los contrayentes o cónyuges.

Las prestaciones citadas tenderían a morigerar el desequilibrio en el nivel de vida y la economía de quienes atraviesan la ruptura matrimonial. El fundamento de las mismas es que el cónyuge que, como consecuencia del divorcio o la separación personal viera más perjudicada su situación económica, tuviera derecho a recibir del otro una prestación compensatoria que no excediera el nivel de vida del que disfrutaba durante el matrimonio ni el que pudiera razonablemente pueda solventar el cónyuge obligado al pago. Entendíamos que el juez, para el otorgamiento de la prestación, debería evaluar, entre otros aspectos, los roles que se adjudicaron los cónyuges durante la convivencia, sus cualidades profesionales, si uno proveyó de recursos al otro, o colaboró con este en sus actividades y el tiempo de la convivencia matrimonial, y analizábamos distintos supuestos de procedencia, duración y cesación de las mismas.(2)

El tema que analizamos fue tratado en la Comisión de Familia de las XXIV Jornadas Nacionales de Derecho Civil, celebradas en Buenos Aires en el año 2013, en las cuales proponíamos de lege ferenda la incorporación de las “prestaciones compensatorias” al régimen patrimonial del matrimonio vigente o proyectado a fin de morigerar el desequilibrio en la capacidad productiva del cónyuge que ha relegado su inserción laboral o desarrollo profesional en favor del otro o de la familia.

La propuesta indicaba que el cónyuge que, como consecuencia del divorcio o separación personal, vea más perjudicada su situación económica, tiene derecho a recibir del otro una prestación compensatoria que no exceda el nivel de vida del que disfrutaba durante el matrimonio, ni el que pueda razonablemente solventar el cónyuge obligado al pago.

No podría solicitarla el cónyuge culpable del divorcio o la separación personal, o el de mala fe en los supuestos de nulidad de matrimonio. Anticipábamos que en caso de modificarse el régimen de divorcio a uno incausado o sin expresión de causa deberá igualmente valorarse la conducta y trato deferido al otro cónyuge durante el matrimonio, los roles que se adjudicaron los cónyuges durante la convivencia, sus cualidades profesionales, si uno proveyó de recursos al otro, o colaboró con este en sus actividades, el tiempo de la convivencia matrimonial, entre otras cuestiones.

Entendíamos que podría exigirse que el obligado al pago otorgue garantías suficientes para asegurar su obligación. Las prestaciones pactadas y las homologadas o fijadas judicialmente deberían contemplar un plazo de vigencia determinado, causales de cesación anticipada de la prestación, y pautas modificatorias, atendiendo a las particularidades casuísticas. Finalmente, indicábamos que las mismas podrían cumplirse mediante la entrega de capital en una única suma, en forma de renta vitalicia, usufructo, fideicomisos de administración y cualquier otro modo de obtención.(3)

Los despachos(4) de dicha comisión fueron los siguientes:

1. De lege ferenda: Las prestaciones compensatorias constituyen una herramienta eficiente para contrarrestar, si se dan determinados requisitos, los desequilibrios económicos que pueden originarse entre los cónyuges con motivo del divorcio. Unanimidad.

2. Despacho 1. De lege ferenda: La prestación compensatoria no se estructura sobre la idea de culpa. (Votos a favor: 7, en contra: 7).

3. Despacho 2. De lege ferenda: Para la fijación de prestaciones compensatorias el juez debe valorar la conducta habida entre los cónyuges durante el matrimonio, como también si de su otorgamiento resultara una grave falta de equidad respecto del cónyuge obligado a la prestación. Mayoría.

4. De lege ferenda: Las prestaciones compensatorias pueden pagarse con dinero, de cualquier otro modo que acuerden las partes o decida el juez, como podría ser mediante una renta por un determinado tiempo o, excepcionalmente y dependiendo de las circunstancias del caso, por tiempo indeterminado. Unanimidad.

5. De lege ferenda: De haber sido otorgada una prestación compensatoria en forma de renta, en los supuestos de haber quedado superado el desequilibrio patrimonial que en su momento hizo procedente el otorgamiento de la prestación, como también de haber el beneficiario contraído matrimonio o de convivir maritalmente con otra persona o haber cometido injurias graves contra el ex cónyuge, el juez debe dar por concluida la obligación. Mayoría.

6. De lege ferenda: Deberá fijarse un plazo de caducidad de una año para reclamar la prestación compensatoria a ser contado partir de que la sentencia de divorcio quede firme. Mayoría.

El expuesto fue el marco previo a la incorporación de la figura por parte del Código Civil y Comercial de la Nación.

II - LAS COMPENSACIONES EN EL CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN

El actual Código Civil y Comercial de la Nación (en adelante CCyCo.), aprobado por la ley 26994 y promulgado mediante el dictado del decreto 1795/2014 del 7/10/2014, entró en vigencia el 1/8/2015.

Dicho cuerpo normativo finalmente flexibilizó el régimen legal imperativo prexistente mediante la inclusión de dos regímenes matrimoniales, el de comunidad y el de separación, incluyendo con el nombre de “compensaciones económicas” a las prestaciones compensatorias o pensiones compensatorias que ya existían en el derecho francés y español. El término prestación se origina en el derecho francés y el segundo del español, aunque este último a partir de la ley 15/2005 la denomina “compensación”.

Analizaremos los requisitos y oportunidad para solicitarlas, sus modalidades y efectos.

a) Nulidad del matrimonio

Decretada la nulidad del matrimonio, el CCyCo. permite al cónyuge de buena fe solicitar compensaciones económicas, con la extensión establecida para casos de divorcio, que analizaremos más adelante. La acción para reclamar la compensación económica caduca a los seis meses de haberse dictado la sentencia que declara la nulidad (art. 429, CCyCo.).

Se señala que a diferencia del supuesto del divorcio, no se ha contemplado que exista un desequilibrio que signifique un empeoramiento de la situación durante el matrimonio, pero la sola existencia de un desequilibrio entre cónyuges va a suponer un empeoramiento, puesto que la nulidad no podría mejorar la posición económica de un cónyuge.(5)

b) Imposibilidad de solicitar alimentos si se perciben compensaciones

El mismo cuerpo legal, al contemplar los alimentos posteriores al divorcio a favor de quien no tiene recursos propios suficientes ni posibilidad razonable de procurárselos, establece que los mismos no proceden a favor del que recibe una compensación económica (art. 434, CCyCo.).

De tal modo, el cónyuge que percibiera una compensación económica no podría solicitar los alimentos de toda necesidad y, viceversa, si se solicitara una compensación económica percibiendo dichos alimentos, la fijación de la misma (aunque no lo contempla la norma) sería un supuesto de la cesación de dicho derecho alimentario.

c) Las compensaciones en el marco del divorcio

1. Convenio regulador

El CCyCo. eliminó las causales objetivas y subjetivas de divorcio del Código Civil y en la implementación de un procedimiento que puede ser instado por cualquiera de los cónyuges o por ambos, sin el requisito de cumplir con plazo alguno ni atribuir culpas ni acreditar ningún otro extremo más que la sola voluntad de divorciarse. La petición de divorcio, si es iniciada por uno de los cónyuges, debe acompañar una “propuesta reguladora” y, si lo es conjuntamente, un “convenio regulador”, ambos instrumentos necesarios para que el juez dé curso a la acción (art. 438, CCyCo.)

De conformidad con el artículo 439 del CCyCo., dichos instrumentos deben contener propuestas o acuerdos relativos a la atribución de la vivienda familiar, la división de los bienes, las compensaciones económicas, el cuidado personal, régimen de comunicación y alimentos para los hijos. El juez podrá exigir garantías para el cumplimiento de lo ofrecido o acordado, como requisito para la homologación del convenio, cuestión que entendemos excesiva, atento a la eventual inmovilización del patrimonio que ello puede acarrear. La garantía tendría lógica imponerla cuando la compensación es fijada por el juez, más no si es convenida la compensación y no es contemplada la garantía en dicho acuerdo.

En el caso del divorcio unilateral, si la propuesta reguladora no fuera aceptada por el otro cónyuge, ello no suspende el trámite del divorcio ni el dictado de la sentencia, y los desacuerdos deberán ser sustanciados por la vía incidental.(6)

2. Fijación judicial

Asimismo, siguiendo al derecho francés y español, el nuevo cuerpo legal, contempla las compensaciones económicas, consistentes en un pago único de una suma de dinero o una renta periódica, tendiente a morigerar el desequilibrio económico que el divorcio le provoque a uno de los cónyuges.

Cabe mencionar también que en el régimen de uniones convivenciales, los convivientes tendrán derecho a solicitar una compensación económica ante la ruptura del vínculo y de darse las condiciones establecidas en la norma (arts. 524 y 525, CCyCo.).

Cabe destacar que la compensación tiene una naturaleza jurídica distinta de la prestación alimentaria y que en el derecho comparado tiene plazo cierto de extinción fijado por el juez. La prestación tiene como objetivo reestablecer una igualdad patrimonial, en tanto los alimentos tienen una exclusiva naturaleza asistencial.(7)

El sistema de compensación económica que implementa el CCyCo. en el artículo 441 es aquel que brinda al cónyuge al que el divorcio produce un desequilibrio manifiesto que signifique un empeoramiento de su situación y que tiene por causa adecuada el vínculo matrimonial y su ruptura, tiene derecho a una resarcimiento, que puede consistir en una prestación única, en una renta por tiempo determinado o, excepcionalmente, por plazo indeterminado.

No nos parece adecuado que la fijación de la compensación pueda serlo por tiempo indeterminado, ya que transformaría la naturaleza de la compensación que, claramente, tiene un sentido nivelador de desequilibrio y no contractual asistencial.

Por su parte, se introduce una serie de parámetros que debe tenerse en cuenta al momento de fijar la compensación económica, a falta de acuerdo de los cónyuges en el convenio regulador, por supuesto teniendo en consideración las pretensiones introducidas en la demanda donde se las solicite y en el modo que quede trabada la litis.

Dichas pautas son: a) El estado patrimonial de cada uno de los cónyuges al inicio y a la finalización de la vida matrimonial.

b) La dedicación que cada cónyuge brindó a la familia y a la crianza y educación de los hijos durante la convivencia y la que debe prestar con posterioridad al divorcio.

c) La edad y el estado de salud de los cónyuges y de los hijos.

d) La capacitación laboral y la posibilidad de acceder a un empleo del cónyuge que solicita la compensación económica.

e) La colaboración prestada a las actividades mercantiles, industriales o profesionales del otro cónyuge.

f) La atribución de la vivienda familiar, y si recae sobre un bien ganancial, un bien propio, o un inmueble arrendado. En este último caso, quién abona el canon locativo.

Si bien se afirma con acierto que la dedicación a la familia y a los hijos tiene una significación económica, dado que un cónyuge dedica tiempos y desvelos que le impiden obtener trabajos remunerados fuera del hogar(8). No tenemos dudas que cuando el artículo establece específicamente que el juez deberá tener en cuenta, entre otras cuestiones, “la dedicación que cada cónyuge brindó a la familia y a la crianza y educación de los hijos durante la convivencia y la que debe prestar con posterioridad al divorcio” y “la colaboración prestada a las actividades mercantiles, industriales o profesionales del otro cónyuge”, ello habilitará la discusión sobre culpas, conductas, y actitudes de los cónyuges durante la vida marital, que es justamente lo que este esquema de divorcio ha querido evitar.(9)

3. Caducidad de la acción para solicitar la compensación

También se otorga a la acción para reclamar el beneficio en análisis un plazo de caducidad, el que se fija en seis meses de haberse dictado la sentencia de divorcio, tal como lo establece el último párrafo del artículo 442.

4. Valoración de conductas

A priori parecería que el sistema de las compensaciones económicas deja de lado toda valoración de conductas desarrolladas por los cónyuges y que ha provocado la ruptura matrimonial ya que, además, el sistema vigente se inserta en un esquema de divorcio que se tramita sin expresión de causa.

Se afirma que no tiene relevancia si uno de los cónyuges ha sido el responsable de la ruptura, ya que dicho comportamiento no podrá ser tenido en cuenta y se valorará solamente una situación objetiva de desequilibrio patrimonial derivado del divorcio, al existir un cónyuge en una situación más desventajosa que el otro. Ello con independencia que quien la solicite no hubiera trabajado, hubiera sido violento y hubiera provocado el fin de la relación. Aún así podría solicitar una compensación, aunque tal ejercicio del derecho sería abusivo y podría objetarse en tal sentido.(10)

Si bien este razonamiento se ajusta correctamente al texto legal, entendemos que cuando el artículo 442 del CCyCo. establece que el juez deberá tener en cuenta “la dedicación que cada cónyuge brindó a la familia, a la crianza y educación de los hijos durante la convivencia y la que debe prestar con posterioridad al divorcio”, como asimismo a “la colaboración proporcionada a las actividades mercantiles, industriales o profesionales del otro cónyuge”, propicia y habilita, a la discusión sobre culpas, conductas y actitudes de los cónyuges durante la vida marital. Entendemos entonces sin hesitación, que los planteos sobre la “culpa” que se han eliminado como causal de divorcio en el CCyCo., permanecerá en disputa al momento de fijar compensaciones económicas.

Si tales conductas, entre las que se pueden mencionar, el trato deferido entre los cónyuges, o si han existido daños por violación de deberes derivados del matrimonio, abandonos, destratos, infidelidades, agresiones, etc., podrán ser tenidas en cuenta a fin de fijar una compensación económica, ello abona también lo que venimos delineando, desde la posibilidad de valorar esas conductas a efectos de introducir los reclamos indemnizatorios por los daños y perjuicios ocasionados, emergentes de la ruptura matrimonial.(11)

5. Muerte de un cónyuge

A falta de regulación expresa, y dado que la muerte extingue la acción de divorcio, no habría acción para que un cónyuge reclame una compensación a los herederos del otro cónyuge.(12)

No ocurriría lo mismo en caso de que el excónyuge muriera luego de dictada la sentencia de divorcio, en cuyo caso la compensación pactada o fijada judicialmente debería ser a cargo del sucesorio del otro excónyuge.

d) Las compensaciones ante la ruptura de la unión convivencial

También se incorpora en el CCyCo. las compensaciones económicas entre convivientes, instituto que forma parte del régimen primario imperativo que no pueden dejar de lado mediante pacto en contrario.

El beneficio en análisis tiene idéntico tratamiento que entre cónyuges, salvo algún ajuste terminológico y una distinta causal de caducidad. Le son aplicables entonces los mismos criterios interpretativos, caracteres y alcances ya analizados.

Estas prestaciones consisten en un pago único de una suma de dinero o una renta periódica, tendiente a morigerar el desequilibrio económico que la ruptura de la unión convivencial le provoque a uno de los convivientes.

Reiteramos, en el caso de las uniones convivenciales, en una idéntica apreciación que en la ruptura matrimonial, tales asignaciones tienen una naturaleza jurídica distinta de la prestación alimentaria, el objetivo sustancial de tales prestaciones es el de reestablecer una igualdad patrimonial que tuvo su génesis en aquel vinculo convivencial que provoco un desequilibrio manifiesto que impactó en el empeoramiento económico de uno de los sujetos como consecuencia de ese vínculo, diferenciándose de aquellas que tienen, como se ha dicho, carácter exclusivamente asistencial.

1. Pacto de convivencia

También, en el ámbito de la autonomía, los convivientes podrían válidamente celebrar pactos de convivencia, en los cuales se podría acordar un régimen de compensaciones económicas ante la ruptura de la unión, respetando el orden público dado por el régimen primario de normas que el cuerpo legal establece.

2. Fijación judicial

Cesada la convivencia el artículo 524 del CCyCo. dispone que el conviviente que sufre un desequilibrio manifiesto provocando un empeoramiento de su situación económica con causa adecuada en la convivencia y su ruptura, tiene derecho a una compensación la que puede consistir en una prestación única o en una renta por un tiempo determinado que no puede ser mayor a la duración de la unión convivencial, pudiéndose cumplimentarse con dinero, con el usufructo de determinados bienes o de cualquier otro modo que acuerden las partes o en su defecto decida el juez.

A diferencia de la compensación económica entre cónyuges, las que podrían ser excepcionalmente fijada por tiempo indeterminado, en el régimen de las uniones convivenciales se establece de manera exclusiva que la renta debe fijarse por un tiempo determinado que no puede ser mayor a la duración de la mencionada unión.

Asimismo se introduce, en idéntica forma que en el régimen matrimonial, una serie de parámetros que el juez debe tener en cuenta al momento de fijar la compensación económica, tal como lo prescribe el artículo 525 del CCyCo. Estos son:

a) El estado patrimonial de cada uno de los convivientes al inicio y a la finalización de la unión.

b) La dedicación que cada conviviente brindó a la familia y a la crianza y educación de los hijos y la que debe prestar con posterioridad al cese.

c) La edad y el estado de salud de los convivientes y de los hijos.

d) La capacitación laboral y la posibilidad de acceder a un empleo del conviviente que solicita la compensación económica.

e) La colaboración prestada a las actividades mercantiles, industriales o profesionales del otro conviviente.

f) La atribución de la vivienda familiar.

3. Caducidad de la acción para solicitar la compensación

La acción para reclamar la compensación económica caduca a los seis meses de haberse producido cualquiera de las causas de finalización de la convivencia, artículo 525 del CCyCo.

Dichas casuales son la muerte de uno de los convivientes, la sentencia firme de ausencia con presunción de fallecimiento de uno de los convivientes, el matrimonio o nueva unión convivencial de uno de sus miembros, el matrimonio de los convivientes, por mutuo acuerdo, por voluntad unilateral de alguno de los convivientes notificada fehacientemente al otro o por el cese de la convivencia mantenida. Debe tenerse en cuenta que la interrupción de la convivencia no implica su cese si obedece a motivos laborales u otros similares, siempre que permanezca la voluntad de vida en común (art. 523, CCyCo.).

4. Muerte de un conviviente

Ante el evento de la muerte de un conviviente, si quien interrumpe voluntariamente la cohabitación y sufre el doble desequilibrio puede demandar una compensación, el mismo o mejor derecho debería reconocerse para quien queda en esa situación por razones ajenas a la voluntad de ambos convivientes, en el caso, la muerte de uno de ellos.(13)

De tal modo, la compensación podría ser solicitada por el conviviente supérstite y el cónyuge de buena fe, en el supuesto de nulidad de matrimonio, pero no podría ser solicitada por ningún cónyuge supérstite, ya que la muerte impide el dictado de la sentencia de divorcio, momento a partir del cual correría el plazo de caducidad de seis meses para solicitarla.

III - PRIMERAS APRECIACIONES RESPECTO A LA FIGURA

A un año de la vigencia del nuevo Código Civil y Comercial, y en un marco donde se recrean los efectos patrimoniales del matrimonio y de las uniones convivenciales, donde entendemos sin duda, debe primar el respeto mutuo dentro de un esquema de satisfacción de los derechos humanos de los cónyuges y de las uniones convivenciales, donde quedan involucrados los demás miembros del grupo familiar, entre ellos, el derecho a la igualdad, a la libertad, a la vida familiar pacífica, el de los hijos a mantener constantes y plenas las relaciones con ambos padres, durante o tras la ruptura de la matrimonial o convivencial, debiendo, en la medida de lo posible transitar un camino donde no exista la controversia, tratando de lograr los consensos que pacifiquen la relación entre todos los miembros del grupo familiar, en especial de los niños, se persiga la búsqueda de acuerdos en el orden personal y patrimonial, en un marco de respeto por los derechos del otro como del propio.

La figura en análisis en este trabajo y en el marco de derechos descriptos precedentemente, tiende morigerar un desequilibrio económico ante la ruptura de matrimonios y convivencias, la que se distancia de la naturaleza alimentaria, aunque comparte algunos caracteres y requisitos de procedencia, como asimismo se diferencia de una mera indemnización.

Por lo expuesto, en definitiva creemos que el fundamento y naturaleza de la compensación económica no se limita a un mero cálculo aritmético, sin duda, más allá de pretender establecer pautas económicas de igualdad, también creemos que no se puede prescindir de considerar las conductas de los cónyuges o los convivientes, al momento de ser valoradas a fin de establecer compensaciones dentro de los parámetros de justicia.

Por ello, al momento de fijarse una compensación económica, además de los criterios matemáticos, contables, financieros, e incluso valoraciones subjetivas, debe primar en el juzgador un criterio que se enmarque dentro del principio de la piedad familiar.

En efecto, la pietas familiae resulta ser el imperativo categórico, de aristas inmateriales, que enlaza desde el más profundo y sano vínculo afectivo a todos los integrantes de la célula primigenia y constitutiva de una sociedad, qué es la familia. Es la fuerza que aglutina y une a los miembros de una familia y los prepara para el quehacer social. Se trata del escenario donde transita, sin recelos, el trasvasamiento generacional, que apunta a dejar trascender el fenómeno inigualable de la descendencia y la proyecta con esperanza. Se constituye como un principio general del derecho que se infiere sin cuestionamientos del bloque constitucional, y en consecuencia, se conforma como un elemento de análisis obligatorio para llevar adelante cualquier proceso hermenéutico.(14)

Tal es el sentido que debe darse a la figura en la esperanza de que, pese a la ruptura de un vínculo familiar, el conflicto subsistente sea transitado de una manera digna por el más débil en dicha relación jurídica extinguida.

Notas:

(*) Profesor titular regular de la materia Derecho de Familia y Sucesiones (UBA). Director del Seminario Permanente de Investigación en Bioética del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Ambrosio L. Gioja. Vicedirector del Programa de Actualización en Bioética de la Carrera de Posgrado de la Facultad de Derecho (UBA) (**) Profesor adjunto interino en la materia Familia y Sucesiones (UBA). Profesor adjunto UAI en la materia Derecho de Familia y Derecho Sucesorio. Profesor titular en Escuela de Policía Juan Vucetich, materias Derecho Constitucional y Derecho Contravencional. Especialista en Derecho de Familia (UBA)

(1) Berbere Delgado, Jorge C. y Merlo, Leandro M.: “Acerca de la flexibilización del régimen de bienes del matrimonio. Necesaria incorporación de las convenciones matrimoniales y de las prestaciones compensatorias” - MJ - 23/8/2010 (2) Berbere Delgado, Jorge C. y Merlo, Leandro M.: “Acerca de la flexibilización del régimen de bienes del matrimonio. Necesaria incorporación de las convenciones matrimoniales y de las prestaciones compensatorias” - MJ - 23/8/2010 (3) Ponencia presentada por los autores en las XXIV Jornadas Nacionales de Derecho Civil - Bs. As. - 2013 - Comisión de Familia: “El divorcio: efectos personales y patrimoniales. Acuerdos. Responsabilidad. Prestaciones compensatorias” (4) Ver www.cfna.org.ar

(5) Sojo, Agustín: “La compensación económica en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación... ¿Pago a cargo de los herederos?” - Erreius Online - abril/2016 (6) Merlo, Leandro M.: “La reforma al matrimonio y el régimen de divorcio efectuada por el Código Civil y Comercial de la Nación” - Erreius Online - abril/2015

(7) Merlo, Leandro M.: “La reforma al matrimonio y el régimen de divorcio efectuada por el Código Civil y Comercial de la Nación” - Erreius Online - abril/2015 (8) Bossert, Gustavo A. y Zannoni, Eduardo A.: “Manual de derecho de familia” - 7a ed. - Ed. Astrea - 2016 - pág. 260 (9) Merlo, Leandro M.: “La reforma al matrimonio y el régimen de divorcio efectuada por el Código Civil y Comercial de la Nación” - Erreius Online - abril/2015

(10) Azpiri, Jorge O.: “Incidencias del Código Civil y Comercial. Derecho de familia” - Ed. Hammurabi - 2015 - pág. 76 (11) Merlo, Leandro y Rossi, Jorge: “La valoración de la conducta del cónyuge en la disolución del matrimonio: indemnización por daños y compensaciones económicas” - Revista de Derecho de Familia y Sucesiones - No 7 - abril/2016 - 14/4/2016

(12) Sojo, Agustín: “La compensación económica en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación... ¿Pago a cargo de los herederos?” - Erreius Online - abril/2016 (13) Sojo, Agustín: “La compensación económica en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación... ¿Pago a cargo de los herederos?” - Erreius Online - abril/2016

(14) Berbere Delgado, Jorge C.: “La piedad familiar. Su vigencia” - Ed. Thomson Reuters - 2010

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